Denuncia discriminación en las ayudas aprobadas por el Ministerio de Cultura al denegarse sistemáticamente por el SEPE las prestaciones a sus profesionales, “algunos de los cuales viven situaciones dramáticas”. “La Cultura no se censura”, reclaman como lema.
“En estos momentos, ante esta crisis del Covid-19, se habla en el toreo de muchas cosas: de reestructuración, de unión, de buscar soluciones… pero yo creo que en primer lugar hay que dar una solución a picadores, banderilleros, mozos de espada o ayudas, ya que ellos son la economía más sensible del sector taurino, y llevan mucho tiempo sin poder cotizar nada”. Son palabras del matador de toros malagueño Salvador Vega, que expresa así su preocupación ante la situación que viven estos profesionales taurinos.
“Tenemos que mirar por los nuestros, y estoy convencido de que vamos a salir fortalecidos de esta crisis, pero el primer paso, estoy seguro de que pasa por ahí”, manifestaba en relación a las denuncias de discriminación al Gobierno surgidas desde el sector. En concreto, se señala que a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha excluido a novilleros, banderilleros, mozos de espada, picadores y toreros de las prestaciones extraordinarias para artistas en espectáculos públicos, que es la regulación laboral en la que se encuentran estos, de acuerdo con el Real Decreto 1435/1985 de 1 de agosto. Entre 4.000 y 5.000 profesionales han solicitado estas ayudas, y en la mayoría de los casos han recibido una contestación del SEPE en la que se informa que “tras recibir instrucciones pertinentes en relación al régimen de artistas” no tendrían derecho a esa prestación. “Para poder cobrar esa prestación debe usted estar encuadrado en el grupo de cotización de régimen de artistas y usted está en el grupo de toreros, por tanto, grupo diferente al protegido por la prestación indicada”, señala la instrucción del SEPE al colectivo, pese a que insisten que legalmente están incluidos en el régimen de artistas en espectáculos públicos, junto con los trabajadores del cine, el teatro, circo, variedades, folclore y música.
Desde la Unión de Toreros se exige una prestación extraordinaria por desempleo a “aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, no puedan continuar realizando la actividad laboral que dio lugar a su inclusión en el Régimen General como artistas en espectáculos públicos”. “Los toreros tenemos reconocida legalmente la condición de artistas, y sin embargo, las solicitudes de prestación formalizadas por profesionales taurinos, en sus distintas categorías, están siendo sistemáticamente desestimadas por el SEPE, desde donde, siguiendo instrucciones superiores, nos niegan la condición de artistas en espectáculos públicos, o establecen requisitos que hacen absolutamente inviable la prestación para la mayoría del colectivo”, denuncian.
Lo cierto es que en el toreo, como en cualquier otro sector, hay quienes disfrutan de una cómoda situación económica ganada a pulso por méritos artísticos y profesionales. Pero junto a ellos, hay un 99% de profesionales que viven del salario de cada día de actuación, y que llevan meses sin ingreso alguno con el que atender al sustento familiar. “Es a ellos y a sus familias a quienes este Gobierno está discriminando y a quien no parece tener remilgos en dejar atrás”, manifiestan desde este colectivo al que pertenecen banderilleros como el rondeño Cándido Ruiz, quien asegura permanecer “sin noticias” y en una situación de incertidumbre. “Quien no tenga más ingresos en su familia lo va a pasar muy mal”, se lamenta, sobre todo porque “no sabemos cuando podremos torear”.
Cándido denuncia que “nos quitan más que a cualquier trabajador, y ahora no nos responden”. Además, por las peculiaridades propias de su convenio, los toreros solo tienen derecho a cobrar el paro cada dos años: “Imagina el drama de los compañeros que lo cobraron el año pasado y que este año no pueden solicitarlo, yo no sé de qué viven”.
Con esto, este torero de plata, que el pasado año actuó en 28 ocasiones con toreros como Enrique Ponce, Javier Conde o el novillero Javier Orozco, relata cómo se están produciendo “situaciones dramáticas y lo malo es que no se sabe hasta cuando”. La solución para muchos está pasando por abandonar su profesión y vocación, y buscar otros medios de vida. “Al final, como todos, hay que comer, mantener una familia y pagar una hipoteca”, manifiesta.
Entre los picadores ocurre lo mismo. Los hermanos Paco y Adrián Navarrete, malagueños también, han sido otros de los que han solicitado estas ayudas prometidas por el Ministerio de Cultura. En el caso del mayor de ellos, ya se la han denegado, mientras que el pequeño no ha tenido una respuesta más allá de que su petición ha sido tramitada. “De momento seguimos esperando, y sin recibir nada”, relata Adrián.
En su caso concreto, el último ingreso llegó el 12 de octubre del pasado año, en su último festejo de esa temporada. Para la de este 2020 se presentaban buenas expectativas, ya que volvería a acompañar al novillero rondeño Javier Orozco, y a matadores como Sánchez Vara o Christian Escribano. Ahora, se conforma con que “ojalá se dé algo, porque pasar un año en blanco va a ser muy duro”.
“Nos están maltratando, y nos aguantamos”, reclama indicando alto y claro que “tenemos el mismo derecho que los demás artistas”. Para salir de este atolladero, la solución pasa por “ unirnos más y protestar”. “No podemos seguir con cero ingresos, y parar un año entero va a ser ruinoso para miles de familias”, sentencia.
Las voces ya han comenzado a alzarse, y de hecho el sector ya se convertía en tendencia en Twitter con su campaña #MinistroDeCensura, en la que profesionales y aficionados, también los malagueños como el matador Saúl Jiménez Fortes, entre otros muchos, mostraron sus mascarillas con el lema ‘la Cultura no se censura’. Así, desde la Fundación del Toro de Lidia se capitaneaba la solicitud de dimisión del ministro José Manuel Rodríguez Uribe. “Llevamos demasiado tiempo siendo discriminados e incluso censurados, algo incompatible con un estado democrático y de derecho, cuyos poderes públicos tienen la obligación de promover la cultura”, manifestaba como portavoz del sector Victorino Martín, quien advertía: “No vamos a aceptar más un papel secundario”.